El pasado 27 de abril de 2017, el desplome del edificio Blas de Lezo II sacó a flote en la ciudad de Cartagena cantidades de construcciones que incumplen las licencias de construcción, tienen licencias falsas o incluso ni siquiera cuentan con los permisos necesarios para el desarrollo de la obra. En la tragedia murieron 21 obreros y más de 30 resultaron heridos. No fue hasta entonces, que un convenio entre la alcaldía de Cartagena con la Procuraduría formuló un plan de normalización para poner alto a la situación en el campo de la construcción que se desarrolla en la Heróica.
De acuerdo al diagnóstico presentado, para finales de octubre de 2017 se registraron 124 inmuebles que no tenían licencia o se construyeron con licencias falsas. Sin embargo, la problemática frente a la incongruencia en la expedición de licencias de construcción en Cartagena resurgió el mismo mes cuando se efectuó una denuncia contra la obra que se adelantaba del proyecto multifamiliar Aquarela.
Acorde al convenio de normalización, el Ministerio de Cultura demandó al proyecto Aquarela ante el Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cartagena por vulnerar gravemente los derechos e intereses colectivos de la moralidad pública y el goce del espacio público. Pues según indicó, la obra que se realizaba a escasos 400 metros del centro histórico, afecta al patrimonio cultural de la Nación por su magnitud y cercanía al Castillo de San Felipe, icono de la ciudad.
El conjunto de vivienda de interés social comprende la construcción de cuatro torres de 31 y 32 pisos alcanzando una altura de casi 94 metros y la designación 772 apartamentos además de una torre de parqueaderos de seis niveles.
Según informó Caracol Radio, durante el proceso la Procuraduria puso en evidencia que “la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena, al expedir la circular que creaba, modificaba y complementaba las normas del POT de la ciudad, [y] no respetó las disposiciones sobre protección del patrimonio cultural, las cuales prevalecen frente las normas de ordenamiento del territorio.”
Debido al los procedimientos, la Procuraduria pidió suspender la obra del edificio Multifamiliar Aquarela a finales de octubre del año pasado. Sin embargo, fue de notar para ese entonces no sólo se presentaban inconsistencias frente a la licencia por normativa respecto a bienes patrimoniales, sino que también el edificio infringía los aislamientos permitidos según la licencia otorgada por la Curaduría No.1. Así lo explicó Héctor Anaya Pérez, director de la Oficina de Control Urbano de Cartagena a la Revista Semana:
A juicio del Ministerio Público la construcción del complejo habitacional representa una grave amenaza para la conservación y protección del Centro Histórico de Cartagena y su zona de influencia, pues las cuatro torres impiden drásticamente la visibilidad desde el centro histórico hacia el Castillo de San Felipe de Barajas, y viceversa, con lo cual se afectan notablemente las características arquitectónicas y urbanas de la ciudad antigua en su conjunto
Otras infracciones paralelas están relacionadas con el trabajo nocturno en la obra sin permiso y el mal manejo de escombros y vertimiento de residuos. Así lo anunció el EPA, Establecimiento Público Ambiental, entidad que impuso sellamiento preventivo de la construcción.
A consideración de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el proyecto residencial Aquarela Multifamiliar debe ser demolido por el incumplimiento de ciertas normas urbanísticas. Sin embargo, los propietarios del proyecto respondieron en Caracol Radio:
El otorgamiento de dichas licencias urbanísticas implica la adquisición de derechos de desarrollo y construcción, por lo tanto se deben respetar y de ninguna manera se pueden ver afectadas por actos administrativos posteriores a su aprobación
A la fecha, la inspectora de Policía de la zona norte de Cartagena, Elvira Pájaro, en compañía de la Dirección Administrativa de Control Urbano de la ciudad, afirmó que encontró las razones suficientes para sellar la obra. La construcción del primer bloque de edificios del proyecto Aquarela se suspendió temporalmente y por parte de la Procuraduría sigue en pie la búsqueda de vías judiciales para lograr la demolición del edificio.
